Tras su aprobación en la Cámara Alta el pasado 23 de diciembre la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) culminaba su tramitación con la publicación en el BOE el 30 de diciembre. El nuevo texto entrará en vigor el próximo día 19 de enero de 2021 en varias fases según el calendario de implantación que detallamos a continuación.

En esta primera fase se aplicarán las modificaciones relativas a la participación y competencias del Consejo Escolar, claustro y directores, a la autonomía de los centros docentes, al proceso de selección de directores en los centros públicos y a la admisión de alumnos (salvo que el proceso se hubiera iniciado antes de la entrada en vigor del texto).

Desde el pasado día 1 de enero de 2021 los progenitores disfrutarán de las mismas condiciones en el permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Termina así la transitoriedad establecida por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (BOE de 7 de marzo de 2019) fijándose 16 semanas de suspensión del contrato de trabajo para el cuidado de un menor para toda madre o padre que así lo desee.

Además el permiso podrá incrementarse en dos semanas, una para cada progenitor, en caso de discapacidad del hijo o, en el supuesto de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, por cada hijo o hija distinta del primero. En caso de parto prematuro o situación que requiera hospitalización de más de 7 días a continuación del parto se podrá llegar a ampliar este período hasta un máximo de 13 semanas.

Este miércoles 30 de diciembre de 2020 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Tras meses de polémica y pese a la movilización ciudadana en su contra, el proceso exprés de tramitación de la ley ha culminado a las puertas del nuevo año con su entrada en vigor definitiva.

Como hemos venido denunciando, la denominada Ley Celaá no ha tenido en ningún momento la intención de abordar los problemas reales de la educación española siendo sus únicos objetivos principalmente partidistas e ideológicos. Una ley nacida sin consenso ni diálogo, en cuya elaboración se ha vetado la participación de la comunidad educativa y la sociedad civil y tramitada en medio de una pandemia mundial sin precedentes.