Ayer se publicaba el Real Decreto 15/2020 de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo con el fin de responder a las necesidades de apoyo reforzado derivadas de la prolongación del Estado de Alarma decretado debido a la crisis sanitaria coronavirus.

El objetivo de esta nueva normativa, que viene a complementar los últimos decretos, es proteger y dar soporte al tejido productivo y social minimizando el impacto de la crisis por COVID-19 y facilitando que, una vez remita la situación de emergencia sanitaria, la economía se recupere cuanto antes.

El miércoles día 15 el Ministerio de Educación y Formación Profesional entregó las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, un documento con propuestas generales y específicas sobre el final de curso, la evaluación, la promoción y la titulación.

Tras la Conferencia Sectorial la Ministra de Educación anunció que había sido respaldado unánimemente por todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, las declaraciones realizadas ese mismo día y con posterioridad por los representantes de algunas de ellas han dejado claro que no es así.

El Sindicato había exigido criterios claros y homogéneos y se han acordado “propuestas” que podrán o no llevar a efecto las Comunidades Autónomas incrementando las desigualdades en el sistema educativo.

La situación excepcional que vivimos y que ha afectado al desarrollo normal del curso escolar requería por parte del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas, tal y como ya solicitó FSIE el pasado lunes, acordar una serie de medidas y criterios claros y homogéneos para todo el Estado con relación al final de curso y preparación del siguiente.