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  Por si fuera poco lo que preocupa de nuestro sistema educativo, el debate abre ahora una ventana a una polémica que parece enfrentar a los distintos integrantes de la comunidad educativa, salpicando incluso a los agentes políticos, que en algunas administraciones plantean ya una regulación normativa. Estamos hablando de la disyuntiva “deberes SÍ, deberes NO”, un tema que en estos últimos tiempos ha posicionado de un lado a alumnos y familias frente a centros y docentes, llegando incluso a provocar una guerra abierta cuya máxima expresión es la llamada a la insumisión y la desobediencia de los primeros como respuesta a las tareas marcadas por los segundos. 

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FSIE ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso de impugnación contra el Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, publicado en el BOE número 183 de 30 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y en cuyo artículo 3f se especifica que se designa al profesorado funcionario del sistema educativo español para aplicar y calificar las pruebas.

FSIE, que ya actuó de similar forma contra el Real Decreto que regulaba la evaluación de Educación Primaria, considera que existe un trato legislativo discriminatorio, que claramente excluye a los profesores de la enseñanza concertada y privada en favor de los docentes funcionarios, que además de aplicar y corregir la prueba, se encargarán de la realización, seguimiento y supervisión de la citada evaluación que otorgará a los alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato el título académico de estas enseñanzas.

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FSIE valora muy positivamente la sentencia 780/2016, de 27 de septiembre, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y dada a conocer esta semana, por la que se confirma la sentencia 14/2015 de la Audiencia Nacional, de 5 de febrero de 2015, que desestima el recurso interpuesto por Comisiones Obreras (CCOO) en el que este sindicato pedía impugnar y anular varios artículos del VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.