FSIE, en su ahínco de dar visibilidad a la labor vocacional de los profesionales de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad, y proclamar la diversidad, y la imperante importancia de las asociaciones, inició en Octubre de 2020 un ciclo de Jornadas Online específicas del sector. La iniciativa arrancaba, con el lema “Compartiendo experiencias: La Inclusión desde el movimiento asociativo”, con el objetivo de reforzar nuestro compromiso con las entidades que comparten el firme propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familiares, aportando visibilidad a su labor y a la gran diversidad de necesidades que atienden.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza culmina el ciclo de Jornadas “Compartiendo Experiencias” con la quinta edición que tendrá lugar el próximo lunes 28 de Junio. En la iniciativa han participado centros y asociaciones de todo el territorio nacional, gracias a los cuales hemos podido conocer la realidad de la inclusión desde el movimiento asociativo.

En el que será el último encuentro de este ciclo, se abordarán temas como la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad intelectual, la preparación para el mercado laboral o el día a día de las personas con Parálisis Cerebral y sus familias a lo largo de su ciclo vital. La presentación correrá a cargo de Jesús Pueyo Val, nuevo Secretario General de FSIE, y contará, como en anteriores ocasiones, con la moderación de María Esther Jiménez, representante de FSIE para Discapacidad.

La semana pasada quedaba aprobado el Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite impulsado por los ministerios de Trabajo y de Derechos Sociales. El texto, que responde al mandato contenido en la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entraba en vigor ayer, día 1 de junio, y será de aplicación únicamente en el sector privado.

El gobierno cumple así con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, que fijaba un plazo de doce meses para la ejecución de “medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33%.”