FSIE, como sindicato mayoritario de la Enseñanza Privada, Independiente y Profesional, tiene la obligación de transmitir a la sociedad española en su conjunto, y especialmente a las administraciones educativas y a las organizaciones patronales, los problemas específicos que padece nuestro sector y, específicamente, sus profesionales.

Como continuación de la trayectoria de propuestas y negociación que siempre nos ha caracterizado, FSIE está en disposición de ofrecer a la Administración y a las Patronales,  alternativas a las medidas unilaterales que se están tomando en la actualidad.

Esas opciones se plantean siempre para integrar la necesaria estabilidad de los profesionales del Sector de la enseñanza Privada con la austeridad requerida en estos momentos, porque FSIE no puede aceptar propuestas de rigor y recortes sólo a la Educación Concertada, con un servicio creciente y de mayor costo para los ciudadanos, que a la vez supongan recortes a la libertad.

FSIE, en el mes de junio de 2011, ya advirtió al PP que su propuesta de un Bachillerato de tres años debía concretarse mucho más para conocer su alcance. Entendemos que puede ocasionar un serio y grave problema sobre todo en la enseñanza concertada.

Siete meses después seguimos sin saber oficialmente cuál es la decisión definitiva sobre cómo y dónde situar este Bachillerato dentro del sistema educativo.

LA “VOLUNTAD NO ES SUFICIENTE", DENUNCIA FSIE QUE AFIRMA QUE "LO QUE DEBEN HACER LAS ADMINISTRACIONES ES CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA A COSTE REAL.

Tras la denuncia realizada por FSIE sobre la crítica situación de la enseñanza concertada, en la que denunciábamos que la voluntad de las Administraciones no es suficiente, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha afirmado que existe una "voluntad máxima" entre los responsables de Educación de las diferentes comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de obtener los recursos financieros suficientes para solucionar la situación creada, "cuanto antes", sobre los retrasos en el pago a algunos centros concertados en distintas zonas.