El pasado 7 de mayo, la FSIE envió una carta al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo la aprobación de un Plan específico para el sector de la Educación Infantil de 0-6 años con el fin de garantizar la continuidad de los centros.

Desde que se decretó el estado de alarma estos centros han cesado su actividad completamente con el impacto que eso ha tenido en sus ingresos y en sus plantillas, compuestas por mujeres en más de un 90%, que han sufrido despidos o ERTES. Después de semanas en esta situación, el Gobierno plantea su apertura para facilitar la conciliación laboral y familiar sin tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis sanitaria el sector no ha recibido ninguna ayuda específica y que el distanciamiento social y las medidas de prevención que dicta Sanidad son imposibles de lleva acabo con niños de 0 a 6 años.

La tercera Conferencia Sectorial de Educación, desde que se declarase el Estado de Alarma, ha concluido con la creación de un grupo de trabajo conjunto del Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades Autónomas cuyo objetivo principal será la planificación del próximo curso escolar 2020-21.

En la reunión telemática, presidida por la ministra Isabel Celaá, han participado los consejeros y consejeras autonómicos además de Alejandro Tiana, Secretario de Estado de Educación, Clara Sanz , secretaria general de Formación Profesional, y el subsecretario de Educación y FP, Fernando Gurrea.

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo que establece nuevas condiciones en la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, entre otras.

La normativa establece la prórroga de los ERTE por fuerza mayor para aquellas empresas que lo tengan autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y no puedan reanudar la actividad por mantenerse vigente la causa o causas que lo motivaron mientas duren las mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio.

Además, se permite a las empresas iniciar con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, y hasta el 30 de junio de 2020, un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, rigiéndose por lo establecido en el art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020 con condiciones específicas.