El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha condenado a la Consejería de Educación de esta comunidad autónoma a pagar una indemnización de 14.051,84 euros a una profesora de un colegio concertado, al considerar que la modificación de sus condiciones laborales la llevaron a solicitar la extinción de su contrato con su centro, en el que llevaba trabajando desde 1998, motivada por la decisión de la Consejería de suprimir unidades en el mismo. El fallo aclara que, dado que es la administración quien provoca la causa de esta decisión, es ella quien debe hacerse cargo de la indemnización, y no la empresa.

FSIE se felicita por el Acuerdo por la Educación alcanzado en Cantabria, un pacto que ha sido calificado de histórico, y en el que la organización ha participado activamente junto a otros sindicatos, patronales, asociaciones de padres y madres, otros agentes y representantes de la administración. Tras 18 largos meses de trabajo conjunto el documento final se aprobó por unanimidad y establece en sus 120 medidas las bases para el futuro de la educación en esta comunidad, partiendo de premisas como la equidad, la inclusión, la calidad o las capacidades de cada alumno. 

Para lograr que este gran reto sea una realidad, la administración se compromete a dedicar una financiación mínima del 5 por ciento del PIB en ocho años, para intentar llegar hasta el 7 por ciento en los ocho años siguientes. Entre las prioridades del pacto alcanzado está luchar por compensar las desigualdades, centrándose para ello en la atención a la diversidad. Se promoverá la innovación, se procurará rebajar la ratio alumnos-profesor para establecer un máximo de 18 niños en las aulas de 2 años; 25 en las etapas de Infantil, Primaria y ESO; y 30 en Bachillerato. 

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, respondió positivamente a la petición realizada por FSIE-Aragón realizada el pasado 27 de marzo tras conocerse el pacto entre el Partido Socialista (PSOE) y Podemos que afecta directamente a los conciertos en esta comunidad. El Justicia, que tras la solicitud de nuestra organización recibió otras en la misma línea de otras entidades, consideró realizar una sugerencia a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,  María Teresa Pérez Esteban.

El Justicia pide a la Diputación General de Aragón (DGA) que no realice modificación alguna a priori, ofertando en el próximo proceso de escolarización las mismas vías que están funcionando en la actualidad en los centros que prestan el servicio público de educación, públicos y privados concertados; y en función de dicha demanda social, se proceda a posteriori a la supresión de unidades en aquellos centros que no hayan tenido la demanda suficiente por parte de las familias participantes en el proceso.