La pasada semana el sector de la educación al completo manifestaba su oposición y preocupación por la aprobación en el Congreso del “Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria”. Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza se ha manifestado repetidamente nuestra preocupación por la nueva discriminación que supone esta normativa hacia los profesionales de la concertada al impedir la homogeneización de la carga lectiva en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
En el nuevo texto se establece que las Administraciones Autonómicas podrán ajustar la carga lectiva, con unas recomendaciones máximas, pero únicamente en centros públicos, permitiendo que a los docentes de centros concertados se es siga imponiendo una jornada lectiva semanal de 25 horas en todos los niveles educativos. Una jornada que, lejos de tener un tratamiento mínimamente homogéneo con sus homólogos de la función pública, es excesiva en comparación con las horas lectivas de los funcionarios públicos en los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
Como ya ha denunciado FSIE en numerosas ocasiones, esta situación contraviene los dictámenes del Tribunal Constitucional que en los fundamentos de derecho de la Sentencia del TC 26/2016, con relación a la carga lectiva del profesorado, establece que:
“Consiguientemente, la regulación de la dedicación del profesorado a la docencia en términos cuantitativos en los centros públicos y privados concertados no resulta ajena a las competencias estatales ex art. 149.1.30 CE. En este sentido no cabe olvidar que el sistema educativo es único en todo el territorio nacional, lo que puede reclamar, al tratarse de centros sostenidos con fondos públicos, un tratamiento mínimamente homogéneo de una cuestión como el ejercicio de la tarea docente dentro de la jornada laboral del profesorado”.
En la misma línea, el Consejo Escolar del Estado recomendaba en su Dictamen 18/2018 que las administraciones públicas impulsen y adopten medidas, junto a la negociación colectiva, para que la carga lectiva del profesorado de centros concertados sea análoga a la de los docentes de los centros públicos.
En la sesión plenaria del miércoles, el Grupo Parlamentario Popular mostraba su apoyo a dicha recomendación y a las exigencias planteadas por FSIE, con una enmienda al Artículo único punto 2 de la nueva ley, en la que se recoge textualmente:
“2.- Las administraciones públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en centros públicos.Las Administraciones Públicas impulsarán y adoptarán las medidas necesarias para que, junto con la negociación colectiva, se posibilite que la carga lectiva semanal de los docentes sea análoga en los centros sostenidos con fondos públicos”.
FSIE valora positivamente, como ya hiciera anteriormente con otros grupos parlamentarios, el apoyo mostrado por el Partido Popular con esta enmienda a la totalidad y reafirma su compromiso para lograr que el Ministerio de Educación y Formación Profesional atienda sus reivindicaciones respecto a la homogeneización de la carga lectiva evitando así el incremento de las desigualdades entre los profesionales de la enseñanza concertada y pública.
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza
