A pesar de que el Pleno del Congreso haya aprobado el dictamen elaborado por la Comisión de educación, el sector no se va a rendir y continuará favoreciendo que una gran parte de la sociedad exprese su rechazo a una ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática.

Así, el próximo domingo 22 de noviembre se celebrarán en numerosas ciudades de todo el territorio nacional, manifestaciones con vehículos en defensa de la libertad de enseñanza y contra la Ley Celaá.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ha lanzado la campaña “Para cada niño, todos los derechos. De su protección y desarrollo depende el progreso de todos.”, apoyando una vez más la iniciativa promovida por Unicef en un año especialmente difícil debido a la pandemia por Covid-19.
Esta efeméride tiene como doble objetivo la conmemoración de la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la Declaración de los Derechos del Niño, el 20 de Noviembre 1959, y la importante tarea de recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y que más sufre las consecuencias de cualquier tipo de crisis, como es la sanitaria que estamos sufriendo este año.
En pleno 2020 podríamos dar por hecho que los más pequeños tiene garantizados derechos básicos como los recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989, como puedan ser el derecho a la salud y una correcta alimentación, a una vivienda digna, a protección y poder expresarse libremente y, por supuesto, a una educación que les prepare para la vida adulta, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido. Sin embargo, millones de niños de diferentes países del mundo no tienen acceso a ninguno de estos derechos básicos, una situación que la pandemia provocada por la Covid-19 ha empeorado.

Representantes de la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas, han registrado esta mañana escritos dirigidos a la Presidenta del Congreso y a los Grupos Parlamentarios solicitando la paralización de la LOMLOE. Los apoyos recibidos en las últimas semanas constatan la enorme preocupación y rechazo que el Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación genera en una parte importante de la sociedad.

Como se ha venido denunciando desde las organizaciones integrantes de la Plataforma, estamos ante un Proyecto de Ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática.