La semana pasada desde la Federación de sindicatos Independientes de Enseñanza denunciamos que el texto del Anteproyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y de la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria”, sobre el que el Consejo Escolar del Estado está elaborando su informe preceptivo, suponía una clara discriminación para los docentes de la Enseñanza Concertada.

El apartado en el que se establece que las administraciones públicas puedan reducir la carga lectiva del profesorado pero solo en los centros públicos excluye de las mejoras a los profesionales de la concertada, un sector duramente afectado por los recortes, y además contraviene sentencias previas del Tribunal Constitucional.

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ha recibido esta misma mañana la convocatoria oficial de la Mesa Sectorial de Enseñanza Concertada. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha fijado el próximo día 5 de octubre para reunirse con todos los agentes y organizaciones del sector.

FSIE, que había solicitado reiteradamente esta convocatoria, llevará a dicha mesa problemáticas de urgente solución como la equiparación salarial de los docentes incluyendo los sexenios, el pago delegado para el PAS, mejorar la jubilación parcial, reducir la carga lectiva o actualizar la financiación a coste real de los conciertos, entre otras.

Desde el sindicato celebramos que nuestras peticiones hayan dado finalmente sus frutos y valoramos positivamente la predisposición al diálogo por parte del MEyFP al convocar este espacio imprescindible para la negociación que nos permitirá trabajar en pro de un mejor sistema educativo con las condiciones laborales que merecen los profesionales del sector.

El Ministerio de Educación ha presentado el “Anteproyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y de la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria”.

En el texto, que deroga parte de las reformas introducidas por el “RD 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, se contempla que las administraciones públicas puedan reducir la carga lectiva del profesorado pero solo de centros públicos.

Como ya estableciera el Tribunal Constitucional en su Sentencia del Pleno 26/2016, de fecha 18 de febrero de 2016, la carga lectiva del profesorado de los centros públicos y privados concertados es competencia de la Administración y, al tratarse de centros sostenidos con fondos públicos, debe tener un tratamiento homogéneo.