Alumnos, familias, profesores e instituciones educativas que forman parte de un servicio de interés público, segregadas incomprensiblemente.
Las principales asociaciones de padres, sindicatos e instituciones titulares de la enseñanza concertada en el ámbito nacional, denuncian la flagrante discriminación contenida en las conclusiones de la comisión para la Reconstrucción Social y Económica a una gran parte de la población española.
Las conclusiones aprobadas para el ámbito educativo suponen un claro agravio para el 25% de nuestro sistema educativo, es decir, para alumnos, familias y profesores, y pueden suponer la asfixia de instituciones que no tendrán medios para seguir manteniendo sus proyectos educativos. Unos proyectos integradores, equitativos, de calidad, accesibles para todos y que materializan la libertad de enseñanza, tal y como está concebida en nuestra Constitución y nuestro entorno democrático europeo.