VÍCTOR CARDONA, SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE FSIE-CV, HABLA SOBRE LOS NUEVOS CAMBIOS NORMATIVOS CUANDO ARRANCA LA CAMPAÑA DE ESCOLARIZACIÓN

Ahora bien, si se vincula este asunto a otro como es "evitar el enchufismo", tal y como apuntaban algunos medios de comunicación, parece que se quiere dejar entrever que hubiera prácticas irregulares en épocas anteriores, ante lo cual parece acertado aclarar que desde FSIE se entiende que la admisión en los centros concertados siempre se ha realizado cumpliendo con la normativa vigente y con todas las garantías, instando a que si alguien fuera conocedor de alguna irregularidad, tiene la responsabilidad de ponerlo en conocimiento de las autoridades educativas. Mientras esto no suceda, lo mejor es alejar toda sospecha sobre esta cuestión del "enchufismo".

En relación a la eliminación del distrito único, Víctor Cardona insiste en que FSIE defiende que debe primar el interés superior de las familias por elegir el colegio de sus hijos, amparado por el artículo 27 de la Constitución. Corresponde, por tanto, a las familias dimensionar el tamaño de cada una de las redes, y no debería ser la administración con su política educativa quien arbitre este asunto condicionando la matriculación.

En relación al arreglo conjunto, FSIE sí considera que este enfoque de la escolarización supone una regresión en lo que se refiere a la libertad de elección, dado que se prima la ubicación del domilicio familiar o laboral hasta el punto de que aquellas familias que con anterioridad consideraban llevar a sus hijos a un determinado colegio, aunque fuera lejos, por razones diversas, como la afinidad con el carácter propio del centro o por tradición familiar, ahora no tienen los puntos de zona y pueden quedar excluidos de aquellos centros a los que desearían llevar a sus hijos, teniendo que optar por otro en su barrio que quizás no coincida con sus preferencias.  

Además, FSIE no quiere olvidar las repercusiones laborales que tiene la distribución del alumnado. A pesar del argumento de la administración sobre que siempre que haya niños, vayan donde vayan, no influirá en los puestos de trabajo, es hora de volver a recordar las particularidades de la enseñanza privada. Si un colegio público pierde unidades, porque baja la escolarización o la demanda, el trabajador, puesto que es funcionario, se reubicará inmediatamente en otro centro de carácter público. En el caso de los centros concertados esto no ocurre, por lo que aquel que pierda unidades debe recortar empleos o recortar jornadas, por lo que en estos colegios sí que hay que hablar de cambios laborales unidos a la nueva normativa.

Por eso, desde FSIE se pide a la administración que con carácter urgente reactive una bolsa para la recolocación de profesionales de la enseñanza privada afectados por esta reducción de unidades en sus centros. Con independencia de que el arreglo escolar sea conjunto, y con independencia de que la conformación del alumnado traiga cambios con respecto al presente, el impacto laboral no debería recaer sobre los trabajadores de la enseñanza privada y la solución sería activar esta bolsa que ya existía en la Comunidad Valenciana hasta los 90 y que posibilitaba que un trabajador de un centro que perdía unidades pudiera encontrar un puesto en un centro que las ganara.

También es hora de recalcar que para escolarizar con plenas garantías al alumnado con necesidades educativas especiales o en situación de desventaja social y cultural, se necesita acabar con la desventaja cuantitativa en cuestión de recursos que afecta a los centros concertados, donde faltan profesores de compensatoria, de audición y lenguaje o de educación especial. Homologando los recursos humanos entre las dos redes, de forma que se habiliten más puestos de trabajo en la enseñanza concertada para que ésta se pueda adaptar a la nueva realidad, se puede encontrar una salida a la recolocación de trabajadores afectados por la pérdida de su puesto.