FSIE rechaza de forma contundente el nuevo intento de suprimir la enseñanza concertada e implantar un modelo de educación único, laicista y excluyente. El sindicato mayoritario de la enseñanza concertada en España recuerda que la libertad de enseñanza está recogida en el artículo 27 de la Constitución Española y que estos centros son abiertos, y plurales y hacen posible, independientemente del nivel socioeconómico, el derecho de las familias a elegir libremente el tipo de educación que consideran más conveniente para sus hijos.
FSIE realiza estas declaraciones después de que el grupo parlamentario Sumar haya registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que busca suprimir los conciertos educativos mediante la integración de los centros privados-concertados en una red única de centros públicos.
Sumar pide la convocatoria de una mesa sectorial con las Comunidades Autónomas y administraciones competentes para revisar los recursos distribuidos a los centros privados y evitar que se destine suelo público (sea de titularidad municipal o de otras administraciones públicas). Asimismo, reclama que se generen más plazas públicas a fin de evitar el cierre de los centros.
FSIE recuerda que ya en abril de 2022 fue el grupo parlamentario de Podemos el que trató de acabar con la enseñanza concertada y aplaudió que no fuera respaldada.
Jesús Pueyo, el secretario general de FSIE, argumenta que “lo que deben hacer los responsables políticos, también los de Sumar, no es atacar este tipo de enseñanza, sino aprobar una financiación justa que solvente el déficit actual, garantizando la gratuidad del coste real del puesto escolar y permitiendo que las condiciones de trabajo de sus profesionales docentes y no docentes sean equiparadas a quienes trabajan en centros públicos”. FSIE recuerda que “la enseñanza concertada no es un problema del sistema educativo como se pretende hacer ver, sino una parte importante del mismo que contribuye con eficacia y buenos resultados a la formación y educación de cientos de miles de personas”.
En concreto, la enseñanza concertada en España tiene más de 5.540 centros educativos no universitarios en España, lo que supone un 19,35% del total de centros, en los que trabajan decenas de miles de profesionales que atienden a más de dos millones cien mil alumnos, lo que supone casi un 25% del total.
En la exposición de motivos, Sumar argumenta que los centros concertados "generalizan el levantamiento de barreras de entrada, sobre todo con el mecanismo de cobro ilegal de cuotas (además del copago de actividades o tasas voluntarias, la religión católica como ideario excluyente y las propias zonificaciones geográficas que han favorecido esta selección), lo cual atenta contra el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos".
La organización sindical recuerda que los centros concertados son, precisamente, lugares abiertos y plurales en los que se fomenta la convivencia y en los que se atiende por personal cualificado y profesional a todas las personas para proporcionarles una formación y enseñanza de calidad. Respecto a la cuestión del cobro ilegal de cuotas, el sindicato ha explicado en ocasiones anteriores que se trata de aportaciones voluntarias totalmente legales y que estas no existirían si la financiación cubriera los costes reales del puesto escolar.
FSIE señala que la enseñanza concertada sí tiene un asunto importante que resolver sobre la financiación que recibe, como comunicaron el pasado mes de septiembre Jesús Pueyo y Enrique Ríos, secretario de Acción Sindical de FSIE, al nuevo secretario de Estado, Abelardo de la Rosa. Este problema que se arrastra desde muchos años atrás provoca una situación preocupante tanto para la supervivencia de los centros como para el mantenimiento de los puestos de trabajo de los docentes y personal de administración y servicios y complementario, así como para implementar mejoras profesionales necesarias.
Pueyo señala que FSIE “está siempre a favor de las libertades, de la libre elección de centro por parte de las familias, que son los responsables de la educación de sus hijos, y en clara oposición a quienes con argumentos falaces pretenden hacer creer a los trabajadores del sector que mantendrán sus puestos de trabajo”.
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Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza
