EL PACTO EDUCATIVO ES NECESARIO COMO MARCO PARA ABORDAR OTRAS CUESTIONES COMO LA PROFESIÓN DOCENTE O LOS CONCIERTOS EDUCATIVOS

Tras ellos se dio voz a distintas personalidades de la comunidad educativa, entre ellos el secretario general de FSIE, Jesús Pueyo Val, que dieron sus puntos de vista sobre cómo ven la cuestión y dejaron sus aportaciones.

Si bien parece evidente que la razón esencial para un pacto pasa por la mejora de la educación en nuestro país, no se puede perder de vista la complejidad del sector y los desafíos a los que actualmente se enfrenta, por lo que una ley educativa se debe articular junto a otras políticas afines; hay que tener en cuenta que las mejoras educativas son apreciables a largo plazo, por lo que debe pensarse en que la normativa debe ser flexible y adaptarse a los cambios; y a todo ello se le debe sumar la necesidad de una participación activa de la ciudadanía para que haya una garantía democrática que contribuya a la eficiencia del sistema.

Es evidente, según comentaba el profesor Marina, que existen coincidencias que parece oportuno reseñar como punto de partida para la construcción del pacto educativo. Entre ellas estarían:

- Se quiere fomentar medidas de flexibilidad curricular.

- Sería bueno repensar el sentido, el contenido y el desarrollo del currículum.

- Habría que fomentar el sentido educativo de la etapa infantil y aumentar su relevancia.

- Hay que mejorar la relación entre los sistemas que vinculan la educación básica y obligatoria con el mundo laboral a través de la FP y la universidad.

- Se debe trabajar en proyectos sobre el aprendizaje de idiomas y de nuevas tecnologías.

- Es necesario introducir la evaluación del sistema educativo como instrumento de mejora.

- Debemos abordar el reconocimiento del profesorado como elemento clave para mejorar la calidad del sistema.

- Hay que transformar los centros educativos en polos que atraigan la formación y el aprendizaje en su contexto y abrir la escuela al mundo.

- Habría que garantizar un presupuesto mínimo del 5% del PIB, que es viable y que permitiría transformar el sistema en cinco años.

- Se presenta necesario elaborar una ley de Educación y un Estatuto Docente, que regule la calidad del profesorado, no solo funcionario.

- Habría que plantear la participación de todos los agentes educativos en el sistema educativo, a todos los niveles, incluyendo los Consejos Escolares.

Entre los escollos, la profesora Pellicer destacó el discurso falaz existente entre la calidad y la garantía de la equidad; la necesaria valoración de la formación profesional de los docentes, del sistema de acceso y de la evaluación del desempeño; la tensión entre una idea laica de la escuela y el estudio del hecho religioso en las aulas; las discrepancias entre una gestión social de la educación pública frente al control único y exclusivo del Estado; la confrontación entre el respeto a la autonomía de los centros y el control de las administraciones sobre los procesos educativos; o los problemas a la hora de diseñar las líneas de un currículo común a todo el Estado, teniendo en cuenta las concreciones de cada comunidad autónoma.

Jesús Pueyo, tras oír a otros ponentes sobre el pacto, la mejora de la profesión, o la defensa de los conciertos educativos, coincidió en esa necesidad imperiosa de un acuerdo, que si bien no es imprescindible, si es necesario para desligar una cuestión tan esencial como la educación de los vaivenes políticos y las tensiones ideológicas.

El secretario general de FSIE quiso también recordar la necesidad de tomar medidas y plantear como problemas a tener en cuenta y a resolver sin demora del absentismo y el abandono escolar prematuro. En este punto, proponía mecanismos de detección temprana de problemas de aprendizaje en las etapas de infantil o primaria, donde se podrían implementar servicios de orientación que permitan atajar los problemas de futuro.

En relación a la formación del profesorado, Val volvió a recordar que es necesario mejorar la carrera profesional, desde la formación inicial a la formación durante el ejercicio de la misma, y quiso dejar patente la lucha que desde hace años FSIE lleva a cabo a favor de una Ley de la Función Docente, que no un estatuto, respetando a los compañeros profesores funcionarios, pero sin olvidar que existen más opciones para ejercer como profesional de la docencia que no es la de aprobar una oposición y elegir un centro público.

Con respecto a la enseñanza concertada, de la que FSIE es el representante sindical mayoritario, Jesús Pueyo defendió, al igual que ya habían hecho otros participantes en el foro, la complementariedad de las redes pública y concertada, invitando a dejar de lado en enfrentamiento improductivo e interesado que quiere oponer una a la otra, porque ambas cumplen un mandato constitucional y es momento de trabajar por un sistema plural que garantice el derecho a la elección de los padres de la educación que consideren más adecuada para sus hijos, tal y como recoge el articulo 27 de la Constitución.

En relación a la financiación de la enseñanza concertada, otro punto del debate sobre el sistema educativo actual, el representante de FSIE recordó que no solo es necesario mantener los conciertos, sino que tras años de implantación, es hora de revisarlos, pero para ello, hay que abordar la cuestión de fondo que hasta ahora se ha dejado a un lado: el coste real del puesto escolar. Para saber lo que necesitamos, lo que es necesario invertir, y saber cómo debe ser la financiación dentro de un nuevo marco, es esencial saber cuánto cuesta lo que tenemos y qué es a lo que queremos dirigirnos.

A estas reflexiones podemos sumar las de otros intervinientes, como José María Alvira, de Escuelas Católicas, o Alfonso Aguiló, de CECE, que incidían también en ese artículo 27 de la Constitución como base sobre la que construir el pacto, y que también defendieron la enseñanza concertada y su financiación,  para garantizar la pluralidad de proyectos educativos dentro de una sociedad democrática, y dieron un lugar, dentro de esta pluralidad a la necesidad de mantener el hecho religioso dentro de los currículos, no solo por su indudable relevancia académica, sino también para satisfacer una demanda real de las familias.