El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el día 23 de abril el informe elaborado por la subcomisión para el estudio sobre redes sociales constituida en la Comisión de Interior, y que incluye recomendaciones de carácter educativo, regulatorio, policial y sectorial, elaboradas a partir de las aportaciones realizadas por 48 expertos que han comparecido a lo largo de 13 sesiones, celebradas entre el 26 de junio de 2013 y 3 de septiembre de 2014.
El informe resume las aportaciones de los comparecientes (expertos en tecnologías informáticas o electrónicas, redes sociales y protección a la infancia; profesores y académicos; sector de la comunicación y redes sociales; consultores; representantes de asociaciones y fundaciones; abogados y juristas especializados; y autoridades públicas); y recoge el resultado del análisis documental y el trabajo de campo realizado por la Cámara.
Algunas de estas iniciativas ya se han puesto en marcha o forman parte de iniciativas legislativas aprobadas o en tramitación.
Entre las medidas operativas acometidas por el Gobierno, se mencionan el Plan Director del Ministerio del Interior en centros educativos; los Convenios de colaboración de Red.es (con Educación, Interior y Sanidad); la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y Plan Nacional de Ciberseguridad; el Plan derivado de Cultura de la Ciberseguridad; el Plan derivado contra la Ciberdelincuencia y el Ciberterrorismo, y el Plan derivado de impulso al desarrollo industrial.
El informe resalta la necesidad de coordinación de todas las instituciones públicas, la importancia de la colaboración, el intercambio de información y la rapidez en las respuestas entre todos los agentes concernidos; y la importancia de la cooperación internacional, tanto en el nivel de decisión política como en el nivel operacional.
Asimismo, propone la adopción de medidas educativas, divulgativas y preventivas, junto con las medidas normativas o policiales; el fomento de la autorregulación: la existencia de códigos de conducta eficaces es preferible a la imposición de corsés legales o técnicos; y la especial atención a la protección de la infancia y la juventud, distinguiendo tramos de edad y diferentes usos.
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