La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), como organización sindical al servicio de los profesionales de la enseñanza privada - en todos sus Convenios- y atención a las personas con discapacidad celebra la aprobación en el Congreso del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Para FSIE, la nueva ley supone un progreso en la búsqueda de un marco normativo de referencia que cohesione y vertebre la legislación española sobre la materia, toda vez que avanza en la superación de un modelo puramente asistencial y apunta a una mayor inclusión y protección social de las personas con algún tipo de discapacidad.Así, la norma aprobada en pasado viernes, viene a unificar:
- la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI), de 1982,
- la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal, de 2003 y
- la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, de 2007.
Junto a la estabilidad normativa que aporta el nuevo texto, FSIE aplaude la consecución de logros en defensa de la no discriminación de las personas con discapacidad, así como el avance el en ejercicio efectivo de sus derechos desde los principios de autonomía "de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones". No obstante, FSIE sigue mostrándose muy crítico y reitera su denuncia sobre el proceder de las administraciones públicas que comprometen las sostenibilidad de los Centros, la prestación de los servicios y el mantenimiento del empleo en el sector.
En los últimos meses, FSIE viene denunciando que, junto al recorte presupuestario generalizado en las subvenciones de 2013 y en las leyes de presupuestos autonómicos para 2014, se suman los reiterados incumplimientos en gran parte de las Comunidades Autónomas de los compromisos de pago que las administraciones públicas tienen adquiridos con los centros y entidades que atienden a personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o funcional: centros de día, residenciales, ocupacionales, de atención temprana, centros especiales de empleo, centros específicos de educación especial concertados, etc.
A día de hoy, son muchos los gobiernos autonómicos cuyo ejecutivo contempla con indolente inacción cómo los centros ven seriamente comprometida la viabilidad de la prestación de los servicios que vienen ofreciendo. La indefensión de estos centros, sus profesionales, de los usuarios y sus familiares es descorazonadora pero, lejos de amilanarse o presentarse alicaídos ante la magnitud del revés, están respondiendo a la Administración con una intensidad, ahínco, firme compromiso, vocación de servicio público y titánicos esfuerzos inversamente proporcionales al desdén y desatención que reciben de las administraciones públicas.
La crudeza con que la falta de voluntad política- pues ésta es la causa primera y no sólo la coyuntura económica- está poniendo en jaque el sostenimiento económico de estas entidades y centros arroja un panorama desolador que compromete la sostenibilidad de los centros y, por ende, la prestación de los servicios y precariza las condiciones laborales de sus profesionales.
¿Cómo, entonces, han podido venir prestando sus servicios en esta travesía por el desierto que dura ya demasiados meses?. Desde FSIE entendemos que básicamente gracias a los esfuerzos y sacrificios de los profesionales del Sector, convertidos contra su voluntad en financiadores indirectos de los servicios. Muchos de ellos llevan la friolera de dos, tres, cuatro y hasta...seis meses sin percibir sus salarios. Cierto que no han estado solos: titulares y empresarios de centros que han respaldado con su patrimonio familiar préstamos personales para "salvar" el abismo de la quiebra y familias que han patentizado su compromiso con los centros con campañas solidarias a cada cual más creativa, cargada de razón y razones.
El compromiso, la entrega y el afán de superación de estas personas está resultando todo un ejemplo de compromiso cívico que no merece el desprecio de la Administración que sólo parece reaccionar (con tibieza, ambages, mensajes equívocos y con la estrategia de la "zanahoria y el garrote" con promesas de "pronto pago") cuando advierten en medios de comunicación que trabajadores o familiares se ven abocados a iniciar movilizaciones y actos públicos de protesta.
La situación es crítica desde hace meses pero hoy no admite ya demora alguna: o las Consejerías autonómicas de Justicia y Bienestar Social, Educación y Hacienda atienden los compromisos de pago adquiridos con los centros y abonan lo que adeudan o de poco servirán los avances apuntados en la nueva Ley General de las personas con discapacidad.
Desde FSIE apelamos a la responsabilidad política del gobierno central y gobiernos autonómicos para cumplir ya con sus compromisos con el Sector, condición sine qua non para garantizar la estabilidad en el empleo de los puestos de trabajo que hacen posible la prestación de ese servicio.
De no cumplirse lo anterior, la nueva norma correrá el peligro de no ser más que un brindis al sol, desvinculado de las necesidades reales de las personas atendidas y sus familiares, las empresas y entidades que prestan los servicios y sus profesionales.
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza
