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El Gobierno ha presentado su “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” que contiene, con relación a educación, una serie de medidas para la modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años.

El documento contempla inversiones por una cantidad de 4.687 millones euros en los próximos años para su aplicación.

Este documento tampoco ha sido consultado, debatido ni negociado con las organizaciones representativas de la comunidad educativa, al menos del sector de la enseñanza concertada.

Más Plurales considera que la redacción dada al texto no garantiza en ningún momento que las acciones e inversiones que se van a efectuar acaben siendo aplicadas proporcionalmente y con los mismos criterios a todos los centros sostenidos con fondos públicos.

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Está a punto de finalizar un curso escolar que pasará a la historia como uno de los más complejos de la historia debido a la pandemia mundial por COVID-19. En el último año, profesorado, personal de administración y servicios, equipos directivos, alumnado y familias han demostrado, con su aplicación ejemplar de las medidas de prevención e higiene, que los centros educativos son espacios seguros.

FSIE ha sido y es partidario de la enseñanza presencial siempre que las condiciones de seguridad de los trabajadores, docentes y no docentes, así como del alumnado lo permitan. Sin embargo, desde que diera comienzo la crisis sanitaria, la actividad de los centros ha sido posible y viable gracias al esfuerzo de la comunidad educativa y la sociedad en general y no precisamente por la implementación de medidas, a nuestro juicio esenciales, por parte de las administraciones competentes.

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En la mañana de hoy se ha celebrado la primera reunión de la Mesa Negociadora del XIV Convenio Colectivo de Centros de Educación Universitaria e Investigación.

La reunión ha servido como una primera toma de contacto. Con carácter general y sin haber entrado al detalle existe coincidencia en las principales preocupaciones de todas las organizaciones sindicales, que se centran en cuestiones relacionadas con la jornada de trabajo, temas salariales en relación a cuantías y vigencias, revisión de la clasificación profesional con la inclusión de nuevas categorías, adaptación de permisos y excedencias, regulación del teletrabajo y la desconexión digital.