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El Gobierno debe plantearse retirar la Ley Celaá y consensuar de nuevo su contenido como así lo solicitan los 115.000 tweets publicados ayer por la ciudadanía

Con el hasghtag #paremoslaleyCelaá, 115.000 tuits han dicho no a una ley que no puede ser aprobada en medio de esta pandemia y que contiene muchos elementos que impiden el necesario consenso. Estas cifras muestran un rotundo éxito que viene a sumarse al obtenido el pasado 4 de mayo, cuando más de 100.000 tuits apoyaron la campaña #StopLeyCelaá.

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Ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

A partir de hoy será obligatorio el uso de mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, para los mayores de seis años siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de al menos 2 metros. Esta premisa será aplicable en la vía pública, espacios al aire libre y espacios cerrados de uso público o abiertos al mismo.

En la orden se establecen excepciones para personas con dificultades respiratorias, que puedan verse agravadas por el uso de la mascarilla, por motivos de salud o discapacidad que hagan inviable su uso, en actividades en las que por su naturaleza sea inviable y otras causas de fuerza mayor.

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Será el miércoles 20 de mayo de 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00 con el hashtag #paremoslaleyCelaá

La primera “Quedada digital” del pasado 4 de mayo en Twitter tuvo una repercusión excepcional, logrando ser tendencia en España con más de 100.000 tuits. A la vista de que el Gobierno sigue haciendo oídos sordos al clamor popular contra la tramitación de la Ley Celaá durante la peor pandemia que ha vivido España y el mundo en los últimos 100 años, la Plataforma Concertados, promueve otra “Quedada” para el próximo miércoles 20 de mayo.

El Gobierno y los partidos que lo sustentan mantienen su intención de acelerar la tramitación de la LOMLOE en un momento en el que la pandemia COVID-19 sustrae a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe acompañar a la aprobación de toda ley, especialmente en un asunto tan importante como el educativo.